El analista político Gerber Huanca señaló que la Constitución del Perú permite al Congreso autorizar al gobierno el ingreso de tropas extranjeras en situaciones que afecten la seguridad nacional, como en la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
Huanca subrayó que el Congreso aprobó una modificación a esta medida el 20 de marzo de 2024, facilitando el proceso para que, en circunstancias especiales, el Perú reciba apoyo militar extranjero, asegurando que dicha medida es prudente en el marco de la seguridad de los representantes de las economías participantes, como China y Estados Unidos.
En el contexto de APEC, el analista manifestó su preocupación por la imagen que el Perú proyecta al exterior al requerir apoyo externo para mantener la seguridad, sugiriendo que se evidencia una contradicción en el discurso oficial. Según Huanca, el gobierno asegura a la comunidad internacional que el Perú es un país en desarrollo con un control efectivo sobre la delincuencia y que su sistema de seguridad está en marcha; sin embargo, a nivel interno se recurre a fuerzas extranjeras para reforzar la seguridad ante posibles movilizaciones.
Huanca añadió que la situación de inseguridad interna en el país no solo afecta a las zonas más vulnerables, como Juliaca y otras áreas de Puno, sino que además refleja una crisis en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, a quienes el analista considera insuficientemente equipadas para asegurar la integridad de los mandatarios que visitarán el país. Explicó que se prevén manifestaciones y protestas en las fechas del evento, lo cual podría agravar la percepción de inseguridad y exponer la debilidad del Estado frente a la delincuencia y la crisis política.
El analista criticó también la criminalización de las protestas en Perú, señalando que el derecho a manifestarse es un derecho constitucional amparado por la Constitución y tratados internacionales. Explicó que las recientes modificaciones del Código Penal agravan las penas en delitos relacionados con disturbios, lo que, según él, podría restringir las libertades ciudadanas y etiquetar las manifestaciones como actos de traición, en lo que llamó un intento de disuadir a la sociedad de expresar su descontento.
Finalmente, Huanca destacó que estas medidas y discursos reflejan una contradicción en la política interna y externa del Perú, y expresó la urgencia de que el gobierno ajuste su estrategia para brindar seguridad efectiva sin recurrir a medidas extremas que podrían afectar la imagen del país y el derecho de los ciudadanos a la protesta pacífica.
