El defensor público Jhonatan Carbajal Álvarez fue detenido el lunes 11 de agosto en la plaza Zarumilla de Juliaca por exigir cinco mil soles a una ciudadana para brindar servicios legales gratuitos. La Policía Nacional ejecutó la intervención tras recibir denuncia por extorsión de la víctima Yolanda H.Q.
La agraviada de 28 años solicitó apoyo legal gratuito en 2024 para un proceso de lesiones culposas ante la Defensoría Pública. Sin embargo, el funcionario de 38 años condicionó la representación legal al pago de dinero, violando flagrantemente el carácter gratuito del servicio público de defensa jurídica.
El encuentro ilícito ocurrió en la intersección de jirones Ramón Castilla y Elías Aguirre, donde Carbajal recibió quinientos soles como adelanto del monto exigido. La ciudadana entregó el dinero bajo presión, pero posteriormente denunció el hecho ante las autoridades policiales para evitar mayores perjuicios económicos.
Fuentes policiales revelaron que el abogado había programado una diligencia en la Segunda Fiscalía Penal Corporativa para el martes 12 de agosto. El funcionario público amenazó con no asistir a la audiencia si no recibía el pago completo de cinco mil soles por parte de su representada.
Personal del Área de Investigación Criminal ejecutó la detención aproximadamente a las 3:00 p.m. del lunes por presunto cohecho pasivo impropio. Durante el operativo se incautaron los quinientos soles entregados por la víctima, además de documentos fiscales y pertenencias personales del imputado.
El registro personal reveló cinco billetes de cien soles, dos billetes de veinte soles, una carpeta con documentación fiscal y el fotocheck institucional. También confiscaron un teléfono celular y otros objetos que servirán como pruebas en la investigación del presunto delito de corrupción de funcionarios públicos.
El fiscal provincial Elmer Chávez Laquise de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios asumió el caso para determinar responsabilidades penales. La División Anticorrupción iniciará las investigaciones correspondientes contra el funcionario que aprovechó su cargo para obtener beneficios económicos indebidos de ciudadanos vulnerables.
