La Comisión de Justicia del Congreso respaldó la restitución de la detención preliminar para casos de no flagrancia, ignorando las observaciones del Gobierno de Dina Boluarte. Con 17 votos a favor y 5 en contra, la medida pasará al Pleno para su ratificación. La sesión, que inició a las 9 a.m., rechazó las propuestas del Ejecutivo, que buscaba excluir ciertos delitos de la aplicación de esta ley.
El dictamen, aprobado el 14 de diciembre, exige que el fiscal presente «elementos razonables» para acusar a una persona en delitos con penas superiores a cuatro años. Alejandro Muñante, promotor de la insistencia, criticó las observaciones del Gobierno, calificándolas como un intento de proteger a figuras cercanas a Boluarte, como Fredy Hinojosa, actual portavoz presidencial.
Ruth Luque, congresista opositora, denunció que la medida busca beneficiar a allegados de Boluarte vinculados a escándalos del Midis. «El Ejecutivo protege a su entorno, impidiendo que fiscales y jueces cuenten con herramientas para esclarecer delitos graves», afirmó durante el debate. Isaac Mita, presidente de la Comisión, confirmó que el dictamen será enviado al Pleno este jueves 6 de febrero.
Congresistas investigados, como Waldemar Cerrón y David Jiménez, votaron en contra de la ley. Cerrón enfrenta una investigación por obstrucción a la justicia, mientras que Jiménez es investigado por peculado. Entre los votos a favor destacan los de Alejandro Cavero, Tania Ramírez y María del Carmen Alva.
Dina Boluarte se niega a convocar un Pleno extraordinario para acelerar la aprobación de la ley de detención preliminar. A casi dos meses de su remisión al Ejecutivo, la autógrafa sigue sin formalizarse, lo que impide la detención de personas como Fredy Hinojosa. Expertos constitucionalistas, como Omar Cairo y Diego Pomareda, recuerdan que la presidenta tiene la facultad legal, según el artículo 118, inciso 6, de la Constitución, para convocar al Congreso en situaciones urgentes.
La propuesta original incluía una audiencia judicial el mismo día de la detención para determinar su validez. Además, prohibía a fiscales y policías compartir información sobre las diligencias, bajo pena de infracción grave. Sin embargo, esta versión no prosperó, dejando en incertidumbre el futuro de la ley.
Con el inicio de la segunda legislatura en marzo, el dictamen espera su debate en el Pleno. Mientras tanto, la ola de delincuencia en el país aumenta la presión para que se tomen medidas urgentes, aunque Boluarte mantiene su postura de no convocar a sesiones extraordinarias.
