Los familiares de las víctimas de los sucesos del 9 de enero en Juliaca consideran al alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román, Óscar Cáceres, parte del sistema encabezado por la presidenta, Dina Boluarte, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides y el primer ministro, Alberto Otarola. Afirman que estas autoridades le han negado el derecho a la justicia. Por ello, exigen que el alcalde se retracte y ofrezca disculpas a los ciudadanos juliaqueños que perdieron a sus seres queridos.
María Isabel Samillán Sanga, en respuesta al alcalde, le recordó que no fueron unos pocos quienes perdieron la vida en esta tragedia. Señaló que sus familiares fallecieron en una violenta acción policial en la que se les negaron sus derechos más esenciales. Además, subrayó que incluso adolescentes fueron asesinados por la brutal represión policial, por lo que considera que no murieron, sino que fueron asesinados, en desacuerdo con lo afirmado por Cáceres Rodríguez.
Sonia Luque, madre de Eliot Alarcón, un joven de 16 años que también falleció a manos de la Policía Nacional, lamentó las expresiones del alcalde y le pidió que comprendiera el dolor que sienten las familias por la brutalidad con la que sus seres queridos fueron asesinados. Le recordó que sus declaraciones demuestran un desconocimiento de lo que ocurre en el proceso judicial y le instó a ser más empático con las víctimas de esta tragedia.
Estas reacciones se producen después de las declaraciones del alcalde de San Román, quien se negó a izar la bandera de Juliaca a media asta y no guardó silencio en la sesión solemne. El alcalde indicó que la vida continúa y que Juliaca ya ha guardado suficiente luto.
Por otro lado, el coordinador de derechos humanos, César Quispe Calsin, criticó la falta de disponibilidad logística proporcionada por la Fiscalía de la Nación para las diligencias llevadas a cabo en Juliaca en relación al caso, lo que, según él, demostraría la intención de dilatar el proceso.
