En medio de una posible sanción de 268,612 UIT por presuntas infracciones ambientales, Luis Aguilar, gerente de la Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno (EMSA Puno), defendió las acciones de la empresa en el proyecto de agua potable en Uros Chulluni. La sanción, propuesta por el SERNANP, se relaciona con un presunto cambio de uso de suelo no autorizado dentro de un Área Natural Protegida (ANP).
Aguilar explicó que el proyecto se basa en estudios previos para dotar de agua potable a la población, iniciados en 2020, y que contaron con el respaldo de la comunidad local. “No hay dolo ni consecuencias ambientales graves”, afirmó, destacando que la empresa está en proceso de levantar observaciones y presentar descargos ante las autoridades.
El gerente cuestionó la falta de apoyo estatal para proyectos de servicio público. “Pedimos autorización a la comunidad ancestral y cumplimos con los trámites”, señaló, añadiendo que el objetivo es cerrar brechas de acceso al agua. Sin embargo, el SERNANP insiste en que la zona es de amortiguamiento ambiental, lo que complica la regularización.
Aguilar también mencionó que el directorio de EMSA Puno está considerando asesoría externa para resolver las observaciones. “Si todos colaboramos para brindar servicios básicos, no deberían existir estos obstáculos”, expresó, subrayando la importancia del proyecto para la población del centro poblado de Uros Chulluni.
El proyecto, que incluye una planta de impulsión desde el río Huile, sigue en observación. Aguilar reiteró que la finalidad es pública y no lucrativa, pero las regulaciones ambientales podrían retrasar su implementación. Mientras tanto, EMSA Puno espera resolver las observaciones para evitar la multa y continuar con su labor.
