Un Equipo Especial de Fiscales para Casos de Víctimas durante las Protestas Sociales llegó a la provincia de San Román para llevar a cabo diligencias preliminares y programar actos de investigación relacionados con la muerte de 18 personas y 107 heridos durante las protestas del pasado 9 de enero de 2023. Estas diligencias se llevarán a cabo del 9 al 14 de octubre.
Para este caso, se ha solicitado la participación de un perito en escena del crimen y otros profesionales en criminalística con el fin de realizar pericias balísticas forenses. También se ha requerido acceder a las grabaciones de las cámaras de vigilancia del aeropuerto y la municipalidad, así como la cooperación de otras instituciones para llevar a cabo las investigaciones.
Además, se ha solicitado la declaración indagatoria de Marco Antonio Lara Vergara y Alberto Rojas Méndez, quienes forman parte de la institución policial. Esto se realiza con el propósito de esclarecer las circunstancias en las que se produjeron los hechos objeto de investigación, entre otras acciones que llevará a cabo este equipo especial de fiscales en la Ciudad de los Vientos.
Cabe señalar que los familiares estuvieron presentes en el lugar de la indagación fiscal, donde brindaron su testimonio junto a sus abogados, proporcionando detalles sobre cómo encontraron a sus familiares tras realizar sus propias investigaciones.
«Las heridas siguen abiertas después de 9 meses de los trágicos sucesos de un día como hoy, cuando nuestras hermanas, tíos, hijos, nietos y sobrinos fueron víctimas de la Policía Nacional y de este gobierno», expresó la esposa de Omar López Amanqui, de 25 años, quien fue la primera víctima.
Por otro lado, la hermana del médico Marco Antonio Samillan Zanga, otra de las víctimas del 9 de enero, recordó que en una sola calle perdieron la vida cuatro de las 15 víctimas, quienes fueron asesinados en los alrededores del Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac de Juliaca. Mientras tanto, otros dos jóvenes fallecieron en el jirón San Martín y uno en el jirón San Román, sumando un total de 18 personas abatidas por la Policía Nacional del Perú.
Finalmente, los familiares de las víctimas y algunas personas heridas en los trágicos sucesos del 9 de enero aún mantienen la incredulidad de que se haga justicia. Sin embargo, no pierden la esperanza y confían en que se realicen investigaciones adecuadas que puedan esclarecer las circunstancias de la muerte de sus seres queridos.
