La tragedia del 9 de enero de 2023 en Juliaca sigue cobrando víctimas silenciosas. Más de 80 personas heridas durante las protestas continúan sin recibir atención médica adecuada, llevando perdigones y balas en sus cuerpos que les impiden llevar una vida normal, mientras el Estado permanece ausente en su recuperación.
Segundo Mamani Arias, uno de los afectados, vive con decenas de perdigones incrustados en su cabeza y pulmón desde aquel fatídico día cuando recibió una ráfaga de disparos cerca del Aeropuerto Internacional de Juliaca. Los médicos han determinado que necesita entre tres y cinco operaciones, las cuales solo pueden realizarse en Lima.
Las secuelas han transformado dramáticamente la vida de Mamani. «Mi vida ya no es normal, sufro constantes desmayos casi a diario, ya no puedo trabajar, y mi brazo izquierdo no tiene fuerza», relata. Sin familia cercana, depende de vecinos que lo auxilian cuando se desvanece, situación que ocurre cada dos días.
La situación de abandono es generalizada entre las víctimas. Según Mamani, ninguno de los aproximadamente 80 heridos de gravedad ha recibido apoyo del Estado. Las intervenciones quirúrgicas necesarias están fuera de su alcance económico, perpetuando su sufrimiento y limitando sus posibilidades de recuperación.
«Pedimos que se haga justicia y seguiremos batallando hasta encontrarla», afirma Mamani, quien exige a la presidenta Dina Boluarte reconocer su responsabilidad. Los heridos, agrupados en una asociación, continúan luchando por visibilizar su situación y obtener el resarcimiento necesario para recuperar su salud y dignidad.
