La frontera entre Perú y Bolivia se convierte en escenario vulnerable para redes criminales dedicadas a la trata de personas, obligando a ambos países a establecer una estrategia binacional coordinada. El director de la Oficina Desconcentrada del Ministerio de Relaciones Exteriores en Puno, Luis Amadeo Luna de la Cruz, anunció una alianza interinstitucional para enfrentar este flagelo que afecta en su mayoría a menores de edad.
«Lastimosamente las bandas o personas involucradas no están solamente en un solo lado de las fronteras, sino también en el otro», explicó Luna de la Cruz al destacar la naturaleza transnacional del delito. La nueva hoja de ruta contempla acciones conjuntas que involucran a fuerzas de seguridad, fiscalías y ministerios públicos de ambas naciones para detectar a los responsables y proteger a las víctimas.
El funcionario aclaró que en Perú la coordinación está bajo responsabilidad del Ministerio del Interior, mientras que Cancillería participa como entidad de acompañamiento a través de la oficina de asuntos consulares. Las autoridades buscan armonizar procedimientos operativos que actualmente difieren entre ambos países, dificultando la persecución efectiva de las organizaciones criminales.
La región Puno enfrenta un incremento en actividades delictivas vinculadas a la trata de personas, fenómeno estrechamente relacionado con la proliferación de la minería ilegal en zonas fronterizas. Luna De la Cruz reconoce que esta actividad extractiva ilícita genera condiciones propicias para el desarrollo de redes de explotación humana.
La complejidad geográfica de la frontera peruano-boliviana representa uno de los mayores obstáculos para controlar eficazmente el tránsito irregular de personas. El caso de Tinicachi ilustra el concepto de «fronteras vivas» donde localidades peruanas y bolivianas coexisten en espacios contiguos sin barreras físicas significativas.
El director de la Oficina Desconcentrada enfatizó que además de las acciones de control, resulta fundamental implementar programas de concientización y prevención dirigidos a población vulnerable. Las autoridades esperan que la implementación efectiva de la hoja de ruta permita reducir significativamente los casos de trata de personas en la región fronteriza.
