El gobierno promulgó un polémico decreto que concede mayores poderes a la Policía Nacional del Perú autorizándole a intervenir y detener ciudadanos sin autorización de la fiscalía. El decreto legislativo 1605 modifica 30 artículos del Código Procesal Penal otorgando nuevas atribuciones a la PNP para investigar delitos sin necesidad de orden judicial o presencia fiscal.
Esto ha generado controversia entre quienes lo apoyan, como la propia policía, y quienes lo cuestionan, como el Ministerio Público. Según los críticos, el decreto vulnera las funciones constitucionales de la fiscalía, pues en algunos casos pone a la PNP por encima del Ministerio Público.
La PNP podrá ahora iniciar investigaciones preliminares, intervenir y detener presuntos autores de delitos, asegurar documentos e intervenir comunicaciones, todo sin autorización fiscal. También podrá acceder a celulares de detenidos sin orden judicial, afectando el derecho al secreto de las comunicaciones.
Además, la PNP queda facultada para calificar jurídicamente los presuntos delitos, algo que antes solo podían hacer los fiscales. El general en retiro Máximo Ramírez defendió el decreto argumentando que recupera facultades constitucionales de investigación para la policía.
Sin embargo, el exfiscal Víctor Cubas señaló que la potestad policial de investigar no puede interpretarse aisladamente, pues la Constitución establece que la PNP debe cumplir los mandatos del Ministerio Público. Cubas agregó que los fiscales tienen el rol de conducir las investigaciones por mandato constitucional.
A su vez el exfiscal Cubas señaló que la fiscalía existe desde los albores de la República. Explicó que originalmente era parte del Poder Judicial, pero siempre tuvo la función de conducir las investigaciones de delitos, por lo que la ley le reconoció esa facultad al ser el titular de la acción penal. De este modo, Cubas enfatizó que la fiscalía siempre ha tenido el mandato constitucional de dirigir las investigaciones criminales, incluso antes de convertirse en un organismo autónomo.
Posiciones encontradas
El Ministerio Público recalcó que no fue consultado sobre el decreto y conformó una comisión para evaluar posibles acciones legales para hacer prevalecer su rol constitucional. Mientras, en el Congreso ya se presentó un proyecto para derogar la norma por considerarla inconstitucional.
Ramírez insistió en que la policía tiene formación para investigar delitos y que el decreto no afecta las facultades del Ministerio Público. Pero Cubas señaló que la policía actúa bajo conducción fiscal y que el decreto no puede contravenir lo establecido en la Constitución.
El debate evidenció posiciones enfrentadas sobre las facultades de investigación de la policía y la fiscalía. Mientras el gobierno y la PNP defienden el decreto, el Ministerio Público y expertos advierten riesgos de vulnerar el Estado de derecho.
Cuestionamientos al decreto
La junta de fiscales supremos señaló que el decreto vulnera las funciones constitucionales de la fiscalía y recalcó que esta institución no fue convocada ni consultada sobre el tema.
El Ministerio Público precisa que la potestad policial de investigar no puede interpretarse aisladamente y está vinculada al mandato constitucional de cumplir los requerimientos fiscales.
La controversia continuará, pues hay acciones legales en preparación. El decreto plantea un reto importante para el equilibrio de poderes y la institucionalidad democrática en el país.
