El director regional de Transportes y Comunicaciones de Puno, Beto Ángel Portillo Calcina, encabezó una marcha por educación vial en Juliaca junto a representantes de la Municipalidad Provincial de San Román, la Sutran, y la Ugel San Román. Sin embargo, la iniciativa choca con la realidad: Puno ocupa el segundo lugar en accidentes de tránsito a nivel nacional, según estadísticas oficiales.
«Las calles de Juliaca carecen de semáforos, señalización y fiscalización», denuncian transportistas y ciudadanos. Este aspecto es enteramente responsabilidad de la gerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de San Román dirigida por Hardy Meiyer Quispe Lipa, quién celebra esta fecha con una ciudad congestionada.
Entre tanto, Portillo Calcina defendió su gestión alegando que «las vías interprovinciales están en óptimas condiciones», pero testigos calificaron sus declaraciones de «engañosas», pues las carreteras muestran abandono y los accidentes mortales persisten.
En 2023, Puno fue la segunda región con más siniestros viales del país, aunque Portillo aseguró que en 2024 descendieron al séptimo lugar. «Los datos son del año pasado», justificó, pero omitió explicar por qué Sandia registró dos accidentes mortales, con 10 víctimas fatales.
El funcionario detalló que su despacho suspendió 35 vehículos este año por causar accidentes, pero admitió que «la normativa solo permite sancionar unidades, no empresas». «El Decreto Supremo 017-2009 limita las acciones», dijo, aunque ciudadanos exigen responsabilizar a las compañías que permiten conductores ebrios o sin documentos.
Portillo anunció una nueva ordenanza regional para «controlar mejor el transporte», pero no precisó plazos. «Las estadísticas mejorarán», prometió, mientras familias de víctimas exigen acciones inmediatas. «Las fiscalizaciones son insuficientes», criticó un conductor, quien señaló que terminales ilegales operan sin supervisión.
El mal estado de las carreteras agrava la crisis. Portillo argumentó que «las vías interprovinciales son competencia de otro nivel de gobierno», pero evitó responder por proyectos concretos. «Coordinamos mejoras», aseguró, sin dar detalles sobre plazos o presupuestos asignados.
En Sandia, donde ocurrieron los últimos accidentes mortales, no hay registros de fiscalizaciones recientes. Portillo mencionó «suspensiones precautorias», pero ciudadanos cuestionan su eficacia. «Las sanciones son temporales y no previenen nuevos siniestros», advirtió un poblador, quien pidió inspecciones sorpresivas.
La falta de semáforos y señalización en Juliaca sigue sin solución. Mientras las autoridades promueven marchas simbólicas, la población exige inversión en infraestructura y controles rigurosos. «No queremos más muertes», clamó una madre que perdió a su hijo en un accidente, recordando que Puno ya superó los 100 fallecidos en lo que va del año.
