El presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero, Raúl Samillán, expresó en Pachamama Radio su rechazo al manejo del gobierno actual, calificándolo de «dictadura confesa». Según Samillán, el ejecutivo y legislativo buscan proteger sus intereses mediante leyes que favorecen la inmunidad y autorizan a la Policía Nacional a usar armas de fuego en las protestas.
Samillán señaló que el reciente intento de vacancia es «una más de tantas mociones que no prosperan» debido a una coalición gubernamental que protege sus intereses. Además, afirmó que “el Perú entero quiere que se vayan todos, empezando por Dina Boluarte”, esperando que la presión social prevista para los días 13, 14 y 15 de noviembre impulse cambios significativos.
En relación a las muertes ocurridas en las protestas, Samillán recordó que el 9 de enero, 18 personas fueron asesinadas en Juliaca y otros incidentes similares se registraron en Arequipa, Cusco, Apurímac y Ayacucho. Rechazó la autorización para el uso de armas de fuego en futuras protestas, calificando esta medida de «licencia para asesinar» por parte del Estado y advirtió que la represión podría extenderse a otras regiones.
Por otro lado, Samillán denunció la negativa de la policía a entregar los cuadernos de investigación solicitados por la fiscal Nancy Chávez. Ante esta resistencia, Samillán indicó que los familiares de las víctimas realizarán un plantón en las próximas horas para exigir justicia. Añadió que los responsables “deben asumir sus responsabilidades” tras los hechos ocurridos en el aeropuerto y en diversas calles de Juliaca.
